EL LIBRO ROJO DEL PUTUMAYO
CAPITULO 8
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Algunos de los accionistas declararon en la
investigación. Uno de ellos dice: “me horroriza de pensar que parte de mi dinero
haya sido utilizado en fines tan horrendos. Y me llena de cólera ver que los
culpables han escapado a su merecido castigo”. Otro accionista afirma que
aceptará gustosamente la pérdida de su dinero si ella contribuye a que se haga
justicia. El juez Eady dio orden para que se efectuara la liquidación
obligatoria de la Peruvian Amazon después de una investigación detallada.
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Después de una enérgica protesta del gobierno
colombiano se firmó el protocolo del 21 abril 1909 que dice así: “los gobiernos
de Colombia y el Perú manifiestan su sentimiento de profunda pena por los
acontecimientos efectuados durante el año pasado en la región del Putumayo.
Convienen que, tan pronto como los responsables hayan sido determinados,
sufrirán los castigos que la ley prescribe”.
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El escritor De Truth hacía uso de la cláusula
del protocolo, arriba mencionada, para probar que el gobierno del Perú tenía
pleno conocimiento de los crímenes cometidos por los peruanos el Putumayo. El
autor de estos artículos decía: “es absolutamente cierto que el gobierno del
Perú tiene conocimiento de muchos de estos actos. Los lectores de las páginas
de este periódico se formaban el concepto de la culpabilidad del gobierno
peruano en los crímenes cometidos en el Putumayo”.
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La responsabilidad del gobierno del Perú en
los crímenes del Putumayo será un borrón eterno en su historia, porque
comprueba que el gobierno de Colombia decía la verdad cuando prevenía al
ministro de relaciones del Perú, en 1899, que las actividades peruanas en las
regiones amazónicas tenían por objeto apoderarse gradualmente del Putumayo.
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Desde el momento en que se clavó la bandera
peruana en el Putumayo, en Cotuhé, en 1909, hasta cuándo Arana principio la
explotación, la producción de caucho era insignificante por parte de muchos
caucheros colombianos establecidos en la región. Sólo alcanzaban apenas las
30 y 3600 libras por año. Como los colombianos establecidos en el Putumayo
poseían grandes plantaciones de caucho, es evidente que esto no se proponían
obtener ganancias inmediatas ni exorbitantes sino fundar futura prosperidad.
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En 1900, un colombiano llamado Larrañaga, fue
uno los primeros caucheros colombianos que llegaron a la región en 1880, y
su compañía con Julio César Arana para explotar el caucho. La Chorrera fue una
de las agencias establecidas por este colombiano, que después sirvió de base
para los futuros negocios de Arana. Larrañaga murió con todos los síntomas del
envenenamiento por arsénico. Su hijo y heredero fue puesto en la cárcel Iquitos
y poco después desapareció. Durante mucho tiempo la cárcel de Iquitos se llamaba
irónicamente "oficina de la Casa Arana" pues los colombianos que no
eran asesinados eran llevados allí irremediablemente. Una vez en la cárcel, se
les proponía negociar en esta forma: “o nos venden su tierra a nuestro precio o
se mueren en la cárcel”. Temerosos de males mayores, vendían voluntariamente.
Por esta razón en los colombianos perdieron sus propiedades en la región
dominada por Arana.
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Para 1904 empezaron a aparecer en las selvas
del Putumayo los llamados soldados caucheros, hombres que pertenecían al
ejército del Perú. El gobierno los sostenía y derivaba de ellos grandes
utilidades. Éstos soldados también eran caucheros por su propia cuenta o trabajaban
muchas veces por cuenta de la Casa Arana.
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Los últimos negociantes colombianos que
permanecieron en el Putumayo fueron Serrano, González, Ordóñez y Martínez. En
enero de 1908 fue atacada la empresa de La Unión, propiedad de Ordóñez y
Martínez. Las lanchas Peruvian y el Liberal de la Casa Arana, así como la
lancha de Guerra peruana Iquitos, tomaron parte en el ataque. Los colombianos
recibieron un ultimátum: “o entregaban todo el caucho o El Liberal se
apoderaría de él por la fuerza”. Inmediatamente efectuado el ataque. Ordóñez
logró escapar y Martínez fue llevado prisionero Iquitos. El juez Paredes,
nombrado por el Perú para investigar los crímenes del Putumayo decía que:
"el único deseo de estos jóvenes patriotas era el de hacer avanzar
siquiera una pulgada la bandera del Perú en la tierra de conquista”. Se refería
a ese asalto llamándolo "acto patriótico y moral, método varonil y
espléndido". El cónsul del Perú y abogado de la Casa Arana en Manaos,
decía: "todo se reduce a que el presidente Pardo ha resuelto enviar una
guarnición el Putumayo”. Pero la realidad es que la soldadesca peruana ocupa la
Unión, allí se colocó una guarnición inmediatamente después de verificado el
asalto contra los colombianos.
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Las demás posiciones de la Casa Arana. Habían
dos establecimientos principales: uno en La Chorrera y otro en El Encanto. El Encanto
estaba dividido en 15 secciones, con 110 empleados civilizados. El número total
de empleados de la Peruvian en 1907 era de 1000. No era una de sus funciones el
cultivo de árboles de caucho, asunto del que no se tenía ni idea, o emplear su
tiempo sangrando los árboles que a largas distancias se encuentran en el fondo
de la selva. Ese trabajo correspondía a los desventurados indios, cuyo número,
en 1906, pasaba de 50,000 y no había aumentado cinco años después. La destrucción
de los indios, debido a su dosil naturaleza presentaban una rica presa a Arana
y a los peruanos. Las autoridades peruanas tenían razones para creer que su
dominio sobre la región era simplemente transitorio, y que, por consiguiente,
era necesario obtener los mayores beneficios en el menor tiempo posible.
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Miguel Loaiza, uno de los peores criminales
del Putumayo, dirigía una sección de El Encanto. Ninguno de los criminales han
sufrido castigo alguno. El juez Paredes, quien consideró los asesinatos de colombianos
como acción patriótica y moral, domina el poder judicial en Iquitos. La región
está bajo la administración del gobierno del Perú.
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El actual administrador de La Chorrera fue
anteriormente jefe de la policía de Iquitos, en donde había tenido conocimiento
de los crímenes del Putumayo. En 1909 envió una carta al periódico el comercio
de Lima asegurando que a juicio del administrador, el bandido O´Donnell era una
persona a quien amaban los indios por su bondadoso corazón. Se notó un
considerable aumento en la exportación de caucho, a pesar de que los árboles
han tenido que agotarse y el número de indios a disminuir enormemente. En las
selvas del Perú se esclaviza los indios y se les trata como bestias feroces. El
cónsul inglés asegura que no hay probabilidad de que hayan cesado las
atrocidades. Los colombianos son arrestados en el Putumayo y encarcelados en
Iquitos. Los peores criminales, en el pasado, fueron los soldados caucheros peruanos.
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En 1912 Casement escribió: he sabido que la
obra de plantar árboles de caucho y de sustituir con métodos más humanitarios
la explotación de los indios, ha sido suspendida por establecer la recolección
como tarea única. Era perfectamente claro que la compañía o sus representantes
en el Putumayo habían resuelto continuar la explotación forzosa de los indios
como un derecho de conquista y como manera de obtener utilidades rápidas.
· En 1912 el embajador inglés en Washington,
escribió: “en el pasado abril fueron embarcadas en Iquitos más de 75 t de
caucho siendo una de las consignaciones más grandes hechas del Putumayo en los
últimos años. A esta cifra se puede llegar solamente siguiendo los antiguos
métodos de trabajo forzoso”.
· El periódico la prensa de Lima publicó:
" no se han descrito en este país los crímenes en sus verdaderas
proporciones porque nos falta el valor moral necesario para arrojárselos a la
cara al gobierno, el cual, tenía pleno conocimiento y, sin embargo, dejó que
siguiera adelante con el fin de apoyar los intereses de la Casa Arana. Hace más
de seis años que el periodista peruano Benjamín Saldaña inició una campaña
vigorosa ante el gobierno, sus esfuerzos fueron inútiles por qué cuando el oro
de la Casa Arana no pone obstáculos invencibles a su acción, el hecho de
existir un dirigente Colombiano en el Perú, respeto a sus derechos de soberanía
en el Putumayo, obligaba a las gentes honradas acallar por motivos patrióticos.
Así todo esto se ha mantenido en la oscuridad. Esa misma oscuridad cubrió las
exploraciones, los denuncios y la muerte del francés Robuchon en el Putumayo.
El gobierno, en vez de tomar posesión de lo que realmente le pertenece, ha
confiado esa misión delicada y responsable a aventureros criminales. Son ellos
quienes fijan los límites territoriales y quienes deciden sobre los derechos de
jurisdicción que posee el Perú en esas regiones, sin consultar, ni por asomo,
los intereses de la nación. Ellos obran por cuenta del Perú y con
consentimiento del gobierno. Su sistema de colonización consiste en destruir
las selvas y despoblar las aldeas indias. Nuestras regiones orientales eran
siempre, para nosotros, un mal y un peligro, no una tierra de promisión,
mientras no descubramos manera de enviar allí colonos que la civilicen y no
aventureros que la devasten.
· “El Libro Blanco” publicado por los Estados
Unidos el 7 febrero arroja nuevas luces sobre la esclavitud en el Perú: “un
empleado de la compañía es juez de paz en toda la región del Putumayo. La
agitación verificada nace más del temor que se tiene de que nazca la soberanía
peruana en esa región que la solicitud que se manifiesta por los pobres indios
víctimas de los atropellos. El hecho de que las personas arrestadas eran
colombianas me hace creer que en Lima se conocían las opresiones de Casement
sobre los buenos métodos usados por los colombianos en el gobierno esa región”.
