LA HECATOMBE MILITAR

LA HECATOMBE MILITAR

Conscientes del gran peligro que se corre cuando se tiene una fuerza militar conformada por muchos hombres y dotados de armas de alta potencia, nuestras FF AA, en forma espontánea, fueron creando sus propios reglamentos de disciplina y penal militar.

Desde los primeros días del nacimiento de la República.

Por ello han sido una de las instituciones más avanzadas en el campo disciplinario y ético dentro de la gran estructura laboral de funcionarios del Estado.

Con el general presidente Rafael Reyes, en la primera década del siglo XX, las FF AA  avanzaron mucho en la moral profesional comenzando a estructurar una sólida doctrina y cultura militar. De tal manera que la mayoría de las instituciones del gobierno quedaron atrás en tales aspectos.

Hasta que a finales del siglo XX se presentó en el congreso un reglamento disciplinario genérico para todas los funcionarios del gobierno. Su principal promotor fue el  congresista Samuel Moreno Rojas, en ese momento. El después afamado alcalde de Bogotá por su corrupción en el manejo presupuestal cobrando coimas por contratos.

Sabiendo que ya las FF AA  disponían de un bastante, perfeccionado y funcional Reglamento Disciplinario, ellas consultaron si el recién nacido reglamento anulaba el histórico y tradicional de las FF AA. Y si se deberían comenzar a aplicarlo.

La pregunta era por el preocupante temor que se vislumbraba en las diferencias entre los dos reglamentos. Pues la nueva iniciativa era extremadamente débil y tolerante para ejercer dominio y control de unas FF AA. Se tenía la incertidumbre de si la anulación del viejo y eficaz reglamento militar, logrado por la vía de la necesaria severidad, produjese relajamientos de dos aspectos tan importantes como son la disciplina y la justicia penal militar. La respuesta determinó que el nuevo reglamento anulaba y se sobreponía a las viejas normas militares.

No fue necesario esperar mucho tiempo para comenzar a tener evidencias del daño causado con el desmembramiento doctrinario y para mostrar las debilidades.

Los primeros indicios fueron la forma como, lo no planeado pero sí real, algunas unidades se fueron aliando con grupos de autodefensas, paramilitares y delincuentes para combatir las poderosas mafias criminales del narcotráfico y a los insurgentes. Como lo fue la guerra entre los mafiosos de Cali contra los de Medellín.

La de los dos clanes mafiosos contra los subversivos y las autodefensas, que extorsionaban. Y la de las mismas FF AA  contra todos. Se aliaron hasta con el diablo con tal de lograr control de la situación. La mayoría a título particular de algunos militares y policías. Otros pocos a nombre oficial, porque veían que a nivel institucional las FF AA  estaban perdiendo a la guerra.  Pero en una forma tan eficaz, pero ilegal, qué hasta los mismos insurgentes comenzaron a temer.

Cómo fue el caso de la condición principal que pusieron las FARC al gobierno, en los diálogos del Caguán. La de desmantelar primero dichas organizaciones paramilitares para acogerse al perdón que el gobierno les ofrecía. Porque sabían que ese mismo beneficio no lo obtendrían de los grupos contrainsurgentes, organizados por particulares.

Posteriormente, para acabar de agravar la situación. Un ministro de defensa civil, abogado pero no diestro en milicias, Camilo Ospina, eliminó la justicia penal militar pasándola a la jurisdicción civil. Erradamente creyó que de esa manera controlaría tales desmanes.

Y como si eso fuera poco, en el proceso de descuadernamiento de los dogmas, que deben regir a las fuerzas armadas, se le ocurrió agregar, al mismo ministro, una resolución del 17 de noviembre de 2005, que otorgaba beneficios económicos, laborales y profesionales extras a las tropas, de estímulo al combate, por el incremento de resultados operacionales.

Se empeoró el daño hecho y comenzó a surgir la hecatombe. En poco tiempo aparecieron los famosos y temidos “Falsos Positivos”. Que cuando ya habían alcanzado un número increíble de víctimas inocentes, se calcula más de cuatro mil, surgió la protesta social y las consabidas acusaciones.

Tanto con pérdida descomunal del prestigio de la institución militar, que ha sido  muy respetada y apreciada por el pueblo colombiano por años. Como las demandas penales y las indemnizaciones económicas contra el Estado.

Los dirigentes y líderes sociales, que promovieron esa intromisión de la política en los asuntos militares, no sabían cómo se rige la vida castrense. Y aunque se les hizo la debida advertencia, de todas formas, se atrevieron a demoler los pilares fundamentales del poder militar.

Tal ignorancia política, sobre la cultura militar, nos ha llevado a la actual y vergonzosa situación. Donde una fuerza militar ha sido vencida y diezmada más en lo político y por los jueces ignorantes de lo que es un cuartel y la lucha judicial, que en el combate con las armas. Y han puesto en contra de las tropas a todo el pensamiento colectivo nacional.

Son los altos precios qué debe pagar una nación cuando sus dirigentes no están a la altura ni tienen la formación que se requiere para la profesión castrense.

Será muy difícil y largo reponerse de tan grabé desastre.

Pero, finalmente, quién paga todos los platos rotos es el pueblo con la pérdida de moral y espíritu de combate de las valerosas tropas que deben defenderlo.

También que, en esos errores, está el pueblo quien aporta a sus hijos para el indispensable servicio militar, paga el sostenimiento de las tropas, pone a sus demás hijos de víctimas y elige a los dirigentes públicos. Escogidos por el pueblo con sus votos y con su Sagrada Fe en los principios democráticos. Pero víctima de su propio invento.

Pierde por todas partes. Y a los políticos que destruyen a la organización militar nadie les cobra sus graves y maquiavélicos errores. Por eso es mejor que se cumpla el sabio y viejo refrán popular que dice: zapatero a tus zapatos.

Cuando la política ingresa por la puerta del Batallón, la milicia sale disparada por la ventana como bala de cañón.